Una Ley Electoral corrupta.

Vivir en sociedad inevitablemente produce que los intereses de las personas choquen unos con otros. Nuestros representantes en el Parlamento tienen la función de debatir y confrontar los distintos y enfrentados intereses de la ciudadanía para alcanzar alguna clase de parlamento o acuerdo. Tienen nuestros intereses en sus manos. Por eso la ciudadanía necesita tener fieles representantes de sus intereses y confiar que cumplirán la palabra dada en sus programas electorales. Si queremos que se respete la voluntad de la ciudadanía y no se tergiverse o se olvide; y que las leyes sean el deseo legítimo de la soberanía popular, necesitamos un control más directo de nuestros representante y de sus actividades, y una estrecha relación elector-representante, vital en una democracia regenerada.   Cada elección debe ser un ejercicio del candidato, si es nuevo, por ganarse la confianza de los electores, y si se presenta a la reelección, demostrar que ha cumplido con su palabra, con su programa y justificar la confianza que los electores depositaron en el cuando lo eligieron. Y la última palabra sobre su elección debe estar en manos de la ciudadanía. La actual ley electoral tiene un cuarto de siglo, se aprobó en 1985 con el PSOE en mayoría absoluta. Las maldades de la ley se han ido comprobando con el paso del tiempo. Las minorías se han ido perdiendo, y el bipartidismo consolidando.   En un tiempo no lejano, los partidos regían sus comportamientos por ideologías y el ciudadano podía prever la respuesta de sus representantes a los conflictos de intereses, y votar con confianza. Nada de esto sucede en la actualidad. El bipartidismo ha traído el incumplimiento de los programas porque piensan que los ciudadanos volverán a votarlos hagan lo que hagan, ya que, según ellos, no hay otras alternativas. Con todo descaro y desvergüenza hacen lo contrario de lo que se dice en los programas y en las campañas. Y por ahora se salen con las suyas. Con esta soberbia el sistema bipartidista (PP y PSOE) conduce inevitablemente a una creciente autonomía de los partidos respecto de sus votantes. Nuestros representantes no nos tienen en cuenta porque las listas son cerradaslos ciudadanos no pueden tachar, ni añadir otros candidatos. Y están bloqueadas porque el orden de los candidatos lo ponen las direcciones de los partidos y el votante no puede cambiarlo. Tenemos que aceptar la lista entera sin cambiar una coma.   Los candidatos elegidos deben tanto o más su elección a sus dirigentes que los han situado en un buen lugar de la lista, que al voto de los electores, y agradecidos a sus jefes, responden más a lo que digan los dirigentes de sus partidos que a los intereses de los votantes. Representan sobre todo a sus dirigentes a quien deben el puesto, podemos decir con rigor que no nos representan. Así se ha configurado una casta que se reproduce y sucede a si misma y que parece aspirar, y lo consigue, a unirse con la aristocracia del dinero. Esto es lo que estamos viendo cada día en el Parlamento. Cientos de diputados aprietan el botón del “si” o del “no”votando como marionetas al mandato de su jefe de filas y cuando hay que tomar decisiones complicadas que afectan los intereses y derechos de toda la ciudadanía nunca se convocan elecciones o un referéndum. Mentiras interesadas de las televisiones y los periódicos: Es mentira lo que cuentan los medios. En España, a diferencia de Francia o Estados Unidos, los ciudadanos no elegimos al presidente del gobierno. Es mentira que existan candidatos a presidente del gobierno. Legalmente y oficialmente solo existen candidatos a diputados y senadores en cada provincia, esos que aparecen en las papeletas de votación. Punto. Pero muchos ciudadanos creen lo contrario por las burdas e interesadas mentiras de los medios de comunicación. No hace falta decir que tanto esfuerzo de los medios de comunicación por imponer el bipartidismo es interesado. Tanto PP como PSOE vienen defendiendo los intereses de los medios antes que de los ciudadanos. El próximo día 20 de noviembre los ciudadanos tenemos que elegir a los representantes de nuestra provincias en el Congreso de los Diputados y Senado. Nada más, y nada menos. El Parlamento es el poder legislativo, hace las leyes y elige al presidente del gobierno. El gobierno es el poder ejecutivo, tiene que ejecutar las leyes que el parlamento aprueba. La clave está en el parlamento. Tenemos que cuidar mucho nuestro voto porque de los representantes que elijamos en el parlamento dependerán las leyes, que favorecen unos intereses u otros, y al gobierno que debe ejecutar esas leyes. La Ley Electoral y sus perversiones democráticas: Además la actual ley electoral tiene un conjunto de injusticias impropias de un sistema democrático, pues viola el principio elemental de un hombre, una mujer, un voto. Para todo el Estado, algún partido (IU) ha necesitado 484.973 votos para tener 1 diputado, mientras a PSOE y PP, solo han necesitado 66.800 votos por cada diputado. Siete veces menos. Con el actual reparto de diputados por provincia, el voto de un ciudadano de Cuenca vale 2,3 veces más que el voto de un ciudadano de Madrid, y unas 2 veces más que el voto de un ciudadano de Sevilla. La voluntad de un ciudadano de Cuenca está representada dos veces más que la del ciudadano de Madrid o de Sevilla. La ley electoral utiliza el voto en blanco contra las minorías y a favor de las mayorías. Los votos en blanco los suman con los votos de los partidos para calcular el tope de votos necesarios para entrar en el reparto de representantes. Los partidos que aún teniendo votos suficientes para tener un representante, no alcanzan ese tope, no obtienen ninguno. El voto en blanco es un obstáculo para los partidos pequeños y una ventaja para los partidos grandes que se llevan el representante que no obtiene el pequeño. Aunque la Constitución dice que el reparto es proporcional, la ley electoral introduce la llamada ley D'hondt o de los cocientes, que favorece a los partidos con más votos. De manera que suelen sacar un representante más en cada provincia que el que les correspondería proporcionalmente. Un ejemplo: en las elecciones del 2008 en la provincia de Madrid, el PSOE sacó 15 representantes e IU sacó 1. Por el sistema proporcional al PSOE le correspondían 14 y a IU le correspondían 2. El PSOE se llevó un escaño más del que proporcionalmente le correspondía gracias al sistema D'hondt. Esto sucede en muchas provincias, y en muchas ciudades durante las elecciones municipales. En las anteriores elecciones generales, año 2008, al PSOE le votaron 11.289.335 votos, el PP obtuvo 10.278.010 votos, mientras 13.505.835 personas o votaron a otros partidos (o se abstuvieron o hicieron voto nulo o en blanco. Pero el bipartidismo fue el resultado. Con todos estos trucos una parte sustanciosa de la voluntad popular se ignora, o tuerce. No podemos extrañarnos que la abstención se acerque o supere a la mitad del censo en muchas elecciones. Muchos desesperamos y pensamos que la democracia se debilita cuando queda reducida a preguntarnos cada cuatro años, al parecer más por obligación que por convicción, en una especie de plebiscito entre solo dos, para que decidamos cual de ellos queremos que nos gobierne. Y no pocos pensamos que si no cuentan con mi voto, pero si cuentan con mi dinero, algo va mal, muy mal. Lo vivimos como un abuso, por lo que unas veces nos abstenemos y otras mal votamos. Así llevamos más años de los que se pueden soportar sin indignarse. Es una ley corrupta porque no respeta la voluntad popular. Necesitamos otra ley electoral: Es urgente recuperar los mecanismos de control del representante por el representado, o la voluntad popular se queda en papel mojado. El ciudadano debe ser el que opte por uno u otro candidato del partido o de los partidos que desee. Todos los votos deben valer igual, sean de la provincia que sean. Debe permitir tachar a los candidatos que no nos satisfacen y sustituirlos por otro de su mismo partido o de otro partido. Cambiar el orden en la lista de los candidatos. Naturalmente el bipartidismo, PP y PSOE, no quieren cambiar la ley electoral, ni regenerar la democracia.